El partido guinda solicita investigar el origen del financiamiento utilizado en la campaña para promover la cancelación de su registro
La dirigencia estatal de Morena en Querétaro presentó una denuncia formal ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en contra del Partido Acción Nacional por el presunto uso indebido de recursos públicos y partidistas en la campaña de recolección de firmas para solicitar la cancelación del registro del partido guinda.
De acuerdo con el documento entregado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se pidió a la autoridad electoral investigar si durante dicha estrategia se utilizaron recursos provenientes del financiamiento público asignado al PAN o si existió alguna participación indirecta de recursos gubernamentales para impulsar esta actividad.
La denuncia surge como respuesta a la campaña encabezada por el dirigente estatal panista, Martín Arango García, quien semanas atrás entregó más de 45 mil firmas ante el INE para solicitar que se analice la posible cancelación del registro de Morena por presuntos vínculos con financiamiento ilícito.
En un comunicado, Morena sostuvo que la recolección de firmas promovida por Acción Nacional “carece totalmente de sustento jurídico” y aseguró que los recursos de los partidos políticos deben destinarse exclusivamente a fines democráticos establecidos en la legislación electoral.
“El Comité Ejecutivo Estatal de Morena presentó una denuncia formal ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Querétaro en contra del Partido Acción Nacional por el posible uso indebido de financiamiento público y participación indirecta de recursos gubernamentales”, señaló el instituto político.
Asimismo, Morena argumentó que la pretensión de solicitar la desaparición de un partido político mediante una campaña de firmas ciudadanas no tiene fundamento legal, por lo que calificó la estrategia como una acción irregular por parte de la dirigencia estatal panista.
Con esta denuncia, el partido solicitó al INE revisar el origen y destino de los recursos utilizados durante la campaña, así como determinar si existen posibles irregularidades que puedan derivar en sanciones conforme a la normatividad electoral vigente.
Será ahora la autoridad electoral la encargada de analizar los señalamientos e iniciar, en su caso, las investigaciones correspondientes para determinar si existió alguna violación en materia de financiamiento partidista.
