Gobierno estatal presentará denuncias por daños al patrimonio y agresión a trabajadora; organizadores se deslindan de los hechos
El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que este lunes será presentada ante la autoridad competente la información recabada sobre los actos vandálicos y agresiones registrados durante la Marcha del Orgullo LGBT+ realizada el pasado sábado 13 de junio en la capital queretana.
El funcionario detalló que, de manera preliminar, han sido identificadas al menos 20 personas presuntamente relacionadas con los daños ocasionados a Palacio de Gobierno, inmueble que fue intervenido con pintas y donde también se reportaron afectaciones materiales durante la movilización.
Además de los daños al patrimonio público, Gudiño Torres confirmó que una trabajadora de la Secretaría de Gobierno fue víctima de una agresión física mientras realizaba labores de concertación y acompañamiento durante la marcha.

“Ya se recabó toda la información y estaremos informando a la autoridad competente. Nuestra obligación siempre será privilegiar el diálogo y la comunicación, pero también cuidar el patrimonio de las y los queretanos”, señaló.
El secretario destacó que tanto el Comité Organizador de la Marcha del Orgullo LGBT+ como otro de los grupos participantes se deslindaron públicamente de los hechos y expresaron su rechazo a las acciones realizadas por un grupo minoritario.
Asimismo, afirmó que durante toda la jornada se privilegió el diálogo antes, durante y después de la manifestación, estrategia que permitió evitar una escalada del conflicto. Explicó que no se ordenó una intervención policial para evitar que las acciones gubernamentales fueran interpretadas como actos de represión.

Gudiño Torres subrayó que la marcha cuenta con una trayectoria de más de una década en Querétaro y consideró que no debe estigmatizarse a toda la movilización por los actos cometidos por un grupo reducido de personas.
Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá abiertos los canales de diálogo con todos los sectores de la sociedad, aunque enfatizó que las diferencias de opinión deben expresarse dentro del marco legal y sin recurrir a la violencia ni a las afectaciones contra el patrimonio público.

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