La ministra de la SCJN señaló que la propuesta impulsada en Querétaro enfrenta obstáculos constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos de la niñez
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, afirmó que la propuesta para que adolescentes de 15 años o más sean juzgados como adultos por la comisión de delitos graves no podría aplicarse sin una reforma a la Constitución federal, además de que tendría que analizarse a la luz de los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante una visita a Querétaro, la ministra se refirió a la iniciativa impulsada por el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, que busca endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio, secuestro y violación.
Batres Guadarrama explicó que el artículo 18 de la Constitución establece claramente los rangos de edad para la aplicación de la justicia penal, al señalar que las personas entre los 14 y los 18 años deben ser juzgadas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, mientras que la responsabilidad penal como adultos inicia a partir de los 18 años.
“Necesitaría hacerse una reforma constitucional que nadie está planteando”, sostuvo la ministra al ser cuestionada sobre la viabilidad jurídica de la propuesta.
Respecto a la posibilidad de considerar positivo que jóvenes sean juzgados como adultos en determinados casos, respondió que actualmente el marco legal no lo permite.
“No se puede, o sea necesitaría ver esa reforma constitucional”, reiteró.
La integrante del máximo tribunal del país señaló además que cualquier modificación de esta naturaleza enfrentaría importantes desafíos, debido a que México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que establece la obligación de garantizar un sistema de justicia especializado para menores de edad.
“Tiene que ser una reforma constitucional, suena difícil porque este es un tema muy fuerte y además existe una convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes que cumple nuestro país”, expresó.
La ministra recordó que el modelo de justicia para adolescentes tiene como objetivo privilegiar la reinserción social y la protección integral de los derechos de las personas menores de edad, por lo que cualquier intento de modificarlo requeriría cambios de fondo tanto en la Constitución como en el marco jurídico nacional e internacional aplicable.
Las declaraciones surgen en medio del debate generado por la propuesta presentada en Querétaro para endurecer las sanciones contra adolescentes involucrados en delitos de alto impacto, tema que ha provocado diversas posturas entre autoridades, especialistas y actores políticos.