El joven reportero, señaló que fue obligado a borrar material y detenido tras documentar una intervención policiaca; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales condenó los hechos
Kaleb, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y joven reportero, denunció haber sido presunta víctima de abuso policial por parte de elementos de la policía estatal, luego de documentar una detención que, desde su perspectiva, implicaba un uso excesivo de la fuerza pública. El joven exigió una disculpa pública por parte de las autoridades involucradas.
De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron en días recientes cuando, al grabar una intervención policial en la vía pública, los elementos se dirigieron hacia él, lo obligaron a borrar los videos, lo detuvieron y lo agredieron verbalmente. Kaleb señaló que, si bien reconoce el contexto de inseguridad que enfrenta la entidad, ello no justifica prácticas abusivas ni actos de violencia contra la ciudadanía.
“Yo exijo una disculpa pública por parte de los servidores públicos que ejercieron violencia y abuso de autoridad ese día”, expresó el estudiante, quien subrayó que estas acciones vulneran derechos fundamentales.
Ante lo ocurrido, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UAQ emitió un pronunciamiento en el que condenó los hechos, expresó su respaldo institucional al alumno y exigió a las autoridades competentes una investigación pronta, objetiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.
La Facultad enfatizó que el derecho a documentar el actuar policial, así como el ejercicio del periodismo y la difusión de hechos de interés público, son prácticas legítimas y esenciales para la vida democrática, además de formar parte de la preparación académica que promueve la institución.
Asimismo, calificó como inaceptable que fuerzas de seguridad utilicen su investidura para intimidar, amenazar o criminalizar a estudiantes y periodistas, al advertir que una detención arbitraria y el hostigamiento representan una grave violación a los derechos humanos y un precedente preocupante para la libertad de expresión.
El caso ha abierto un debate público sobre el respeto a los derechos de estudiantes y periodistas, así como la necesidad de garantizar que las corporaciones de seguridad actúen bajo protocolos apegados a la legalidad, la transparencia y el Estado de Derecho.