Justo “N” fue capturado durante cateos federales en Mérida; aseguraron bienes por más de 145 millones de pesos y autoridades lo identifican como presunto responsable de operaciones de lavado de dinero.
Un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) culminó con la detención de Justo “N”, señalado como presunto operador financiero de un grupo delictivo con presencia en distintas regiones del país, durante cateos realizados en cuatro inmuebles de Mérida, Yucatán.
De acuerdo con las autoridades federales, el detenido era identificado como uno de los principales responsables de articular esquemas de lavado de dinero para la organización criminal, por lo que, tras labores de inteligencia, se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir diversos domicilios en Mérida y la comisaría de Komchén.

Durante los cateos fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dinero en efectivo en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación, computadoras, documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.
Las autoridades estimaron que el valor de los bienes asegurados supera los 145 millones de pesos, lo que representa un golpe a la estructura financiera del grupo delictivo.



La captura también llamó la atención en Querétaro, ya que Justo Aurelio “N” había sido relacionado con el ataque armado registrado el 8 de marzo de 2025 en el restaurante Fisher’s House, donde tres personas perdieron la vida. En aquel momento circularon versiones de que el empresario había fallecido durante la agresión; sin embargo, la Fiscalía General del Estado nunca confirmó esa información, y ahora quedó acreditado que permanecía con vida.
Tras su detención, Justo “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer su presunta participación en delitos relacionados con operaciones financieras ilícitas y delincuencia organizada.

