Ministra Yasmín Esquivel advierte falta de claridad en la ley y pide reglas precisas para proteger derechos de los ciudadanos
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera puede ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una autorización judicial previa, al considerar que se trata de una medida preventiva dentro del combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la sesión pública celebrada en la Ciudad de México, el Máximo Tribunal avaló por mayoría de votos las facultades de la UIF para aplicar esta medida a personas que utilizan el sistema financiero, lo que representa un respaldo a las herramientas del Estado para combatir el lavado de dinero.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto, al advertir que la normativa vigente presenta vacíos e imprecisiones sobre los criterios que justifican el congelamiento de cuentas, lo que podría generar incertidumbre jurídica.
“Para la aplicación del congelamiento de cuentas es indispensable que los gobernados conozcan con claridad los parámetros que permitan determinar quién puede ser sujeto de dicha medida preventiva”, sostuvo durante su intervención.
La ministra enfatizó que, en un Estado democrático, cualquier acción orientada al combate del crimen debe estar plenamente definida en la Constitución, a fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, señaló que la intervención judicial previa no representa un obstáculo para las investigaciones, sino que fortalece el control constitucional de este tipo de medidas. En ese sentido, recordó que los jueces en materia penal están obligados a resolver de manera inmediata las solicitudes de las autoridades, por lo que su participación no fomenta la impunidad.
“Exigir la intervención judicial previa no fomenta la impunidad, sino que fortalece el control constitucional de las medidas restrictivas”, puntualizó.
Pese a estos argumentos, la mayoría de los ministros votó a favor del proyecto, consolidando la facultad de la UIF para actuar de manera directa en el congelamiento de cuentas, en el marco de las estrategias nacionales para combatir delitos financieros.
La resolución marca un precedente en materia de seguridad financiera y combate al lavado de dinero, aunque también abre el debate sobre el equilibrio entre la eficacia de las autoridades y la protección de los derechos individuales.
