El senador impulsa reforma para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y ampliar restricciones
El senador Agustín Dorantes Lámbarri propuso reforzar las medidas contra deudores alimentarios para que no puedan tramitar licencias de conducir, pasaportes, acceder a ciertos programas sociales ni ocupar cargos públicos, en caso de estar inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA).
El legislador informó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro ya implementa este registro en cumplimiento de la legislación federal y estatal, con el objetivo de evitar que quienes incumplen con el pago de pensión alimentaria continúen evadiendo su responsabilidad.

Dorantes explicó que, aunque la ley general ya contempla restricciones como la negativa de pasaporte o licencia, no se ha logrado que estas disposiciones se apliquen plenamente, por lo que promovió un exhorto y una iniciativa de reforma en el Senado para ampliar y hacer efectivas dichas obligaciones. Entre los planteamientos destaca que ningún funcionario público pueda ejercer si no acredita estar al corriente en el pago de pensión alimentaria, así como limitar el acceso a programas sociales no universales.

“El objetivo no es castigar, sino generar un cambio cultural y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida digna”, subrayó el senador.
Durante el pronunciamiento, Ivonne Gutiérrez, madre de un menor de 14 años, reconoció que la propuesta visibiliza la problemática de quienes enfrentan el incumplimiento de pensiones. Por su parte, la abogada Gabriela Yong Morales señaló que la falta de aplicación efectiva del registro ha permitido que muchos deudores continúen sin consecuencias legales.
En tanto, el consejero de la Judicatura, Carlos Israel Soto Campos, informó que actualmente existen 183 personas inscritas en el RENOA en Querétaro, de las cuales solo cinco han regularizado su situación para salir del registro, lo que refuerza —dijo Dorantes— la necesidad de fortalecer y hacer efectiva la ley para que deje de ser letra muerta.
