Guacamayas, pericos, jaguares y un mapache fueron reubicados para su atención especializada; permanece pendiente la canalización de dos cachorros de tigre de Bengala
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que colabora con la Fiscalía General del Estado de Querétaro para canalizar y garantizar la atención adecuada de diversos ejemplares de vida silvestre asegurados durante un cateo realizado el pasado 11 de enero en un inmueble ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro.
El operativo, derivado de la persecución de un delito, concluyó con el aseguramiento del inmueble y la localización de fauna silvestre que se mantenía en posesión irregular, entre ellos dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo, un mapache y dos cachorros de tigre de Bengala. En el ámbito de sus atribuciones, la Profepa intervino para proteger el bienestar animal, supervisar el manejo adecuado y establecer un resguardo temporal, conforme a la normatividad ambiental vigente.
Como primera acción, las aves aseguradas fueron trasladadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde actualmente reciben atención médico-veterinaria especializada y permanecen bajo resguardo en instalaciones adecuadas. Previo a su canalización, personal de la Profepa realizó la verificación de sistemas de marcaje, sin detectar dispositivos visibles en la mayoría de los ejemplares.
Posteriormente, y con el apoyo del mismo PIMVS, se llevaron a cabo las maniobras necesarias para la reubicación de los dos jaguares, lo que incluyó contención química bajo estrictos protocolos veterinarios, toma de muestras y revisión de sistemas de identificación. De acuerdo con la autoridad ambiental, uno de los ejemplares cuenta con microchip, mientras que el otro no presenta sistema de marcaje visible.
En cuanto a los dos cachorros de tigre de Bengala (Panthera tigris), la Profepa precisó que permanecen en el inmueble asegurado, bajo el resguardo de la autoridad competente, en espera de su canalización a un PIMVS que reúna las condiciones de espacio y manejo especializado necesarias, hasta que se determine su situación jurídica.
La dependencia federal reiteró que continuará colaborando con las autoridades ministeriales y formulará la denuncia correspondiente por hechos con apariencia de delito, relacionados con la posesión ilícita de especies de fauna silvestre, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial o reguladas por tratados internacionales de los que México es parte. Este tipo de conductas, recordó la Profepa, se sancionan con penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta tres mil días, conforme al artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.
