Fernando Ugalde Garza, exsecretario particular del exalcalde Antonio Mejía, fue aprehendido y trasladado al penal de San Juan del Río
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Fernando Ugalde Garza, exsecretario particular del ex presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía, quien era requerido por autoridades de Querétaro por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.
La detención se realizó gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia de ambas entidades. De acuerdo con la información oficial, el exfuncionario, de 33 años de edad, fue interceptado por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes alrededor de las 12:00 horas del martes 16 de diciembre, en la Puerta de Acceso Sur, ubicada en la comunidad de Peñuelas, cuando conducía una camioneta Jeep Wrangler modelo 2006, color gris y sin placas de circulación.
Durante una revisión de rutina y tras consultar los datos en el Sistema Plataforma México, los oficiales confirmaron que Fernando Ugalde Garza contaba con una orden de aprehensión vigente, emitida por un juez del estado de Querétaro por el delito de fraude específico, por lo que fue detenido de inmediato y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación Criminal corroboraron plenamente su identidad y confirmaron que se trataba de la persona requerida por las autoridades queretanas, al estar relacionado con diversas denuncias por presuntos actos de corrupción, interpuestas por integrantes de la actual administración municipal de Tequisquiapan, encabezada por el alcalde Héctor Magaña.
Una vez realizados los trámites legales correspondientes y en apego a los convenios de colaboración interinstitucional, el detenido fue entregado a agentes de la Fiscalía de Querétaro, quienes lo trasladaron para su ingreso al penal de San Juan del Río, donde enfrentará su proceso penal.
Las autoridades destacaron que esta acción refrenda el compromiso de las fiscalías estatales para garantizar que las personas con mandamientos judiciales vigentes enfrenten la justicia, sin importar la entidad en la que se localicen.