El gobernador de Querétaro señaló baja participación y desinformación como principales fallas del proceso electoral para elegir a ministros, jueces y magistrados
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, calificó como un error el haber querido cambiar la estructura del Poder Judicial de la Federación (PJF) a través del voto popular, esto tras la jornada electoral del pasado domingo, en la que se eligieron ministros, jueces y magistrados como parte de la reforma judicial impulsada a nivel federal.
Durante su declaración ante medios, el mandatario estatal expresó su preocupación por la muy baja participación ciudadana registrada en los comicios, particularmente en Querétaro, y señaló que esto fue consecuencia directa de factores como la gran cantidad de boletas, el exceso de candidaturas y la falta de información clara sobre las trayectorias profesionales de quienes aspiraban a ocupar cargos dentro del sistema de justicia.
“Creo que fue un error haber hecho el cambio al Poder Judicial de esta manera. Siempre se necesita mejorar, pero esta votación fue muy baja en participación y no sé qué tan enterada estaba la poca gente que salió a votar sobre por quién lo estaba haciendo. Yo sí quise ir a votar porque creo que es un derecho y no quiero dejarle a otros que decidan por mí”, expresó Kuri González.
En ese sentido, el gobernador subrayó que ahora sólo queda esperar los resultados de las elecciones, y mostró confianza en que los perfiles que resulten seleccionados para ejercer funciones en Querétaro cuenten con carrera judicial, lo cual, dijo, brindaría tranquilidad y certidumbre jurídica al estado.
Kuri insistió en que, aunque el Poder Judicial requiere ser fortalecido y modernizado, la forma en que se planteó esta reforma a través del voto ciudadano podría generar incertidumbre, especialmente si los nuevos juzgadores carecen de experiencia o preparación adecuada para impartir justicia.
Finalmente, el mandatario llamó a reflexionar sobre los mecanismos de selección de las autoridades judiciales, ya que el modelo implementado —dijo— podría poner en riesgo la independencia y profesionalismo del sistema judicial, pilares fundamentales del Estado de Derecho.