Es buscado por delitos de fraude en al menos cinco estados; será procesado en Jalisco o Chihuahua
El empresario venezolano Carlos José L. R., CEO de la empresa de inversiones YOX Holding S.A. de C.V. y propietario de equipos deportivos como Libertadores de Querétaro, Generales de Durango y Chihuahua FC, fue detenido este 24 de abril en Las Vegas, Nevada, por autoridades estadounidenses, tras una ficha roja emitida por la Interpol y una alerta migratoria solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
La detención fue confirmada por la Oficina de Análisis de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México a la Dirección General Jurídica de la FGE de Chihuahua.
Carlos Lazo era buscado por su presunta participación en un fraude masivo a través de su empresa YOX Holding, la cual ofrecía rendimientos mensuales de entre el 2% y el 4% por inversiones en trading deportivo, modelo que simulaba apuestas deportivas y juegos de azar. Según las investigaciones, la firma operó durante más de siete años en estados como Querétaro, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Oaxaca, León y Baja California, afectando a miles de personas que no han podido recuperar su dinero.
Tan solo en Chihuahua, se tienen registradas más de mil 300 personas afectadas y una pérdida superior a los 38 millones de pesos, mientras que a nivel nacional el presunto fraude podría superar los 500 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más grandes en su tipo en la historia reciente del país.
Actualmente, Carlos Lazo se encuentra bajo custodia de la agencia Enforcement and Removal Operations (ERO), en espera de una audiencia con un juez de migración. Esto podría retrasar su deportación y el inicio de su proceso legal en México.
Aunque la Fiscalía de Chihuahua fue la encargada de solicitar la ficha roja y cuenta con una orden de aprehensión vigente (causa penal 299/2024), se ha informado que la Fiscalía de Jalisco podría tener prioridad en el procesamiento del caso, debido a que fue la primera en solicitar formalmente su búsqueda.
Cabe recordar que, de acuerdo con las leyes mexicanas, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.